Biodiversidad y desarrollo nacional una oportunidad para una mirada estratégica del gobierno

Publicado in Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad, Portada, Prensa

COLUMNA DE PATRICIO RODRIGO EN EMOL.CL

Todo el desarrollo económico que ha tenido a la fecha el país ha provenido de la biodiversidad, sean los recursos naturales renovables, como la agricultura la pesca, los recursos forestales, ente otros, así como los recursos naturales no renovables de la minería, provenientes de la geología de los ecosistemas de montaña. También los servicios turísticos que se desarrollan, provienen de la riqueza de la biodiversidad de ecosistemas, reflejada en el paisaje natural y cultural de Chile.

El daño a la biodiversidad nacional, si bien se ha intensificado en las últimas décadas, no es nada nuevo para el país. Ya importantes científicos del pasado como Claudio Gay, Rodulfo Phillippi, Federico Albert, Rafael Elizalde, entre muchos otros, intentaron llamar la atención de las autoridades de la destrucción de los bosques nativos, de la erosión del suelo, la contaminación de las aguas, sin llegar a ser escuchados por las elites. Tanto fue la desidia observada a mediados del siglo pasado, que Rafael Elizalde llegó a inmolarse a lo bonzo en la Plaza de la Constitución para sensibilizar a un mundo político ciego, sordo y mudo respecto al daño ambiental que ocurría en el país.

Con la llegada de la democracia en los años 90, la suscripción de la Convención de la Conservación de la Diversidad Biológica por el país en la Conferencia de Río en 1992, así como con la aprobación de la Ley 19.300, sobre bases del Medio Ambiente en el gobierno del Presidente Aylwin, el país dio importantes pasos para ponerse al día de un tema que había estado ausente de la política pública. Sin embargo, los gobiernos posteriores ralentizaron la gestión ambiental por el temor a que una política ambiental pudiera frenar el crecimiento económico, tal como lo expresaba Nicolas Eyzaguirre, Ministro de Hacienda del ex Presidente Lagos en el año 2000, que una política ambiental efectiva se daría sólo cuando el país tuviera sobre los 20 mil dólares per cápita de ingreso, intentando bajar las aprensiones del mundo empresarial por la llegada de la ambientalista Adriana Hoffmann a la dirección de la extinta CONAMA.

Ya la OCDE en la evaluación del desempeño ambiental del año 2005, constató las insuficiencias en la materia e insistió en la necesidad de contar con institucionalidad pública, que en concreto plantea “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y  superposiciones”.

Esta lapidaria evaluación de la OCDE, más que la presión interna de la ciudadanía, originó que el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, despachara un proyecto de ley para crear el Ministerio del Medio Ambiente y subirle el rango institucional a la CONAMA, que hacía agua por todas partes. Objetivo solo parcialmente logrado, dado que si bien se creó con la Ley 20.417 el Ministerio en las postrimerías del régimen, se mantuvo un Consejo de Ministros que tiene un rango superior y cualquier decisión relevante que deba tomar el Ministerio, que debe contar con la anuencia de los 11 ministerios restantes, entre los que se encuentran los que más impactan al medio ambiente, como  Minería, Vivienda, Obras Públicas, Energía, Transporte, Agricultura, entre otros. Es decir se mantuvo el falso dilema que una política ambiental no puede frenar el crecimiento económico.

Este año nuevamente la OCDE realizó una evaluación del desempeño ambiental del país y respecto a la biodiversidad señala la necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  y acelerar su implementación, así como asegurar que disponga de los recursos financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de su mandato. Destaca que si bien Chile ya superó la meta